El PCHR representa a 1046 personas víctimas de la Operación Plomo Fundido, la ofensiva desencadenada por Israel en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre 2008 y el 18 de enero 2009.
Denuncias penales y civiles por cuenta de cada una de estas víctimas han sido presentadas ante autoridades israelíes; hasta hoy, se han recibido respuestas efectivas sólo en relación a 2 casos penales y 2 casos civiles.
Las denuncias penales fueron presentadas ante el procurador general militar de Israel. Estas consisten en el pedido de apertura de investigación penal y van acompañadas por un cuerpo probatorio compuesto por declaraciones juradas, informes médicos, opiniones de expertos, mapas y material fotográfico. El PCHR ha presentado 490 denuncias penales (que representan a las 1046 víctimas).
La mayor parte de las denuncias se presentaron en mayo de 2009, y la última en noviembre de 2009.
Las denuncias civiles fueron presentadas ante el ministerio de defensa israelí. Consisten en pedidos de resarcimiento e incluyen informaciones similares a las adjuntadas a las denuncias penales. Este tipo de denuncias deben ser presentadas dentro de los 60 días del episodio al que se refiere. El PCHR ha presentado 1046 denuncias civiles, la última de ellas en marzo de 2009. En ausencia de respuesta satisfactoria, es posible iniciar una causa por ilícito frente a un tribunal israelí dentro de los 2 años del episodio objeto de la denuncia. El PCHR ha presentado 100 de estas causas (ver abajo).
Significativamente, el PCHR está recibiendo en este momento cierto número de comunicaciones de los tribunales israelíes en relación a estas causas por ilícito.
Los tribunales han comenzado a imponer una fianza judicial de 20mil NIS [Nuevo Shekel Israelí] [unos 5.332 dólares] por cada reclamante. Para que la causa pueda proceder [iniciarse], el tribunal exige primero el pago de la fianza. El PCHR desea evidenciar dos factores: primero, el monto de estas fianzas está inmensamente más allá del alcance de la enorme mayoría de las víctimas de la Franja de Gaza, constituyendo así un obstáculo insuperable para la justicia; segundo, la fianza es impuesta por cada reclamante, lo que se traduce en una situación en la que cuanto más grave es la violación (y por lo tanto más grande el número de reclamantes), mayor es el obstáculo económico para el logro de la justicia.
Estado actual de las denuncias penales:
En respuesta a las 490 denuncias penales presentadas, el PCHR ha recibido respuesta en relación a 21 casos.
Las comunicaciones recibidas hasta hoy de la oficina del procurador general militar israelí pueden ser subdivididas de esta manera:
- 19 respuestas informaban que la denuncia ha sido recibida, que habría sido tomada en consideración, y que el PCHR habría sido informado de los resultados (respuesta interlocutoria) [que recae sobre cuestiones de mero trámite inherentes al proceso];
- 1 respuesta informaba que el caso había sido cerrado porque el testigo temía cruzar el paso de Eretz para presentarse a testimoniar;
- 1 respuesta informaba que un soldado había sido puesto bajo acusación.
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El PCHR hace notar que cierto número de casos de sus clientes hayan sido probablemente cerrados, como refieren, entre otros, los medios de comunicación israelíes. En cualquier caso, el PCHR ha recibido notificación del cierre de un caso solamente, el referido a la respuesta antes mencionada.
El PCHR desea subrayarla exigüidad de la respuesta recibida por la oficina del procurador general militar israelí. El PCHR no ha recibido respuesta alguna de las autoridades competentes israelíes respecto a 469 denuncias penales (relativas 776 víctimas). Además, no ha recibido ninguna respuesta posterior en referencia a las 19 respuestas interlocutorias arriba mencionadas.
Estado actual de las denuncias civiles
El PCHR no ha recibido prácticamente ninguna respuesta de la oficina de compensaciones del ministerio de defensa. Respecto a las 1046 demandas de indemnización presentadas, se ha recibido una respuesta en relación a 26 demandas (17 respuestas en total) que ha llegado el 17 de febrero 2011. Absolutamente ninguna comunicación –ni siquiera acuse de recibo de las denuncias- ha llegado de las autoridades israelíes respecto a la enorme mayoría de los casos. El PCHR envía regularmente a las autoridades competentes cartas con pedido de información.
Las respuestas llegadas desde el ministerio de defensa pueden ser subdivididas de esta manera:
- 4 respuestas, en relación a 11 demandas de indemnización, notificaban haber recibido denuncias de otro abogado, y pedían que el asunto sea resuelto;
- 11 respuestas interlocutorias, relativas a 13 demandas de indemnización, acusaban recibo de la denuncia, anunciaban que habría sido tomada en consideración, y que el PCHR habría sido contactado respecto a los resultados;
- 1 respuesta, relativa a 1 demanda de indemnización, notificaba que el caso ha sido presentado por el PCHR ante un tribunal civil israelí;
- 1 respuesta, relativa a 1 demanda de indemnización, notificaba que la indemnización había sido rechazada, por el hecho de que el episodio que originó la demanda consistía en una operación militar.
Entre junio 2010 y enero 2011 el PCHR ha iniciado 100 causas por ilícito frente a tribunales israelíes, con respecto a los intereses de cerca de 600 víctimas. Debido al bloqueo total impuesto por Israel, para los abogados del PCHR es imposible presentarse a representar a sus clientes en el sistema judicial israelí. En consecuencia, estos casos son atendidos, por cuenta del PCHR, por un abogado con sede en Israel. Se subraya que numerosos pedidos de parte de este abogado de acceder a Gaza para reunirse con sus clientes han sido rechazados, con evidentes implicaciones respecto a la posibilidad de una representación eficaz. En estos casos, las cargas procesales iniciales han sido pagadas.
El PCHR está actualmente recibiendo notificaciones de los tribunales, respecto a una fianza impuesta por el tribunal decidida por el juez caso por caso. Esta fianza debe ser pagada anticipadamente para que la causa pueda proceder. En general, esta suma constituye un obstáculo insuperable para las víctimas palestinas, y lleva a la cancelación del caso.
En relación a los casos del PCHR por la Operación Plomo Fundido, la fianza se fija normalmente en 20mil NIS por reclamante. Esto desemboca en una situación en la que, cuanto más amplias son las proporciones de las violaciones, más grande es el obstáculo económico interpuesto para la obtención de justicia. Por ejemplo, 22 miembros de la familia Abu Dayem han sido asesinados o heridos (5 muertos, 17 heridos), y se han presentado denuncias en su nombre. El tribunal ha fijado la fianza en 440mil NIS (22 x 20000) [unos 117.304 dólares]. En el caso de la familia Samuni, han sido iniciadas causas por indemnización a nombre de 62 víctimas (27 muertos y 35 heridos). El tribunal fijó la fianza en 1.240.000 NIS (62 x 20000) [unos 330.584 dólares].
A causa de los limitados recursos, el PCHR no ha podido iniciar causas por ilícitos a nombre de todos sus representados; aproximadamente 400 víctimas, por las cuales el PCHR ha iniciado una causa por daños, han sido consultados y aconsejados, de ser posible, de obtener los servicios de un abogado privado a fin de iniciar una causa por indemnización [daños y perjuicios] ante tribunales civiles antes de la prescripción. Sin embargo, se subraya que el PCHR ha presentado una moción contra la validez de las leyes de prescripción ante la Suprema Corte de Justicia israelí, a nombre de las 1046 víctimas, y que el PCHR continúa representando a todas ellas en las demandas iniciales presentadas ante la oficina de compensaciones, y en las denuncias penales presentadas ante el procurador general militar.
El PCHR pone en evidencia no haber recibido ninguna comunicación de las autoridades israelíes competentes, y que los detalles relativos a los casos específicos no han estado disponibles. En total, sobre 1046 demandas de indemnización presentadas, el PCHR recibió respuesta sólo por 26 de ellas.
Conclusiones.
Ninguna auténtica investigación penal se ha llevado a cabo con respecto a las violaciones al derecho internacional cometidas en el contexto de la operación plomo fundido.
Esta conclusión se basa tanto sobre la experiencia obtenida en la representación de las víctimas, como sobre los análisis legales de los sistemas de investigación de las partes en causa y sobre los resultados obtenidos hasta hoy. El PCHR sostiene que, los intereses de la justicia exigen que ahora se deba recurrir a los mecanismos de la justicia penal internacional, e invita al Consejo de Seguridad, operante en el sentido del capítulo VII del estatuto de la ONU, a remitir la situación en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a la Corte Penal Internacional, en conformidad con el artículo 13(b) del Estatuto de Roma.
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[1] Este envío a juicio se refiere al robo de una tarjeta de crédito, por el cual un soldado ha sido condenado y ha cumplido 7 meses y medio de prisión. El PCHR subraya que este es el único encarcelamiento a consecuencia de la operación plomo fundido. |
