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El 27 de diciembre de 2011, se cumple el tercer aniversario de la agresión militar sionista conocida como “Operación Plomo Fundido”: una masacre que en 3 semanas de bombardeos por cielo, mar y tierra, asesinó a más de 1400 personas (entre ellas 430 niños, 111 mujeres, 6 periodistas, 6 médicos, 2 funcionarios de la Onu), e hirió a 5360 personas (1870 niños y 800 mujeres); destruyó 16 edificios hospitalarios, 3 escuelas de la Unrwa, todos los campos de refugiados, los terrenos agrícolas, los árboles y las industrias; dañó gravemente 18 escuelas; bombardeó 28 ambulancias, 19 mezquitas, 215 clínicas, 20mil edificios; 5mil familias quedaron sin techo, 90mil personas fueron desplazadas de sus hogares…
La Franja de Gaza fue recubierta por 1millón de kilos de bombas, lanzadas por la aviación, la marina y la artillería israelí. En los primeros días de bombardeos muchos niños murieron por infarto. Israel usó armas de destrucción masiva: uranio empobrecido, DIME (Explosivos de Metal Denso Inerte), fósforo blanco…
Aproximadamente un 83 por ciento de los muertos eran civiles, es decir "personas que deben ser protegidas" según la IV Convención de Ginebra.
A tres años de la masacre, el resguardo judicial efectivo y las medidas para el cumplimiento de los derechos de las víctimas, siguen ausentes, a pesar de que las obligaciones asumidas y firmadas por todos los Estados, son irrefutables:
los responsables de crímenes de guerra deben ser investigados y sancionados (castigados) de conformidad con las normas internacionales.
Numerosos informes de organizaciones internacionales y nacionales (Misión Independiente de Investigación de la Liga Árabe, Amnistía Internacional, Human Righst Watch, etc) concluyeron que los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, son crímenes de guerra.
Por su parte la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, en su documento, conocido como “Informe Goldstone”, aseveró que la campaña militar israelí fue "un ataque deliberadamente desproporcionado, diseñado para castigar, humillar y aterrar a la población civil, para disminuir radicalmente su capacidad económica tanto de trabajar como de sustento, y para imponer una creciente sensación de dependencia y vulnerabilidad". También califica el prolongado bloqueo económico impuesto por Israel contra Gaza de "castigo colectivo" contra la población.
A partir de documentos elaborados por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), se observa que en los años siguientes a la Operación Plomo Fundido, las acciones de las autoridades de Israel, se caracterizaron por la protección de los responsables.
Hasta la fecha y de acuerdo a dichos documentos, tan sólo tres soldados que participaron de la operación, fueron condenados. Uno de ellos recibió una pena de siete meses de prisión por el robo de una tarjeta de crédito y los otros dos obtuvieron una sentencia de tres meses de cárcel, con un mes de suspensión de la misma (en total 2 meses).
La total impunidad con la que cuenta el estado sionista de Israel se hace cada vez más evidente y la respuesta de la comunidad internacional ante estos hechos es el silencio, avalado por una inactividad que implícitamente respaldó y respalda las acciones de Israel.
Tres años pasaron desde el día en que el horror golpeó las puertas de la Franja de Gaza y desde entonces nada ha cambiado. Tres años de un ataque que se prolongó por 22 largos días, durante los cuales su valiente Resistencia enfrentó a uno de los ejércitos más fuertes del mundo.
La Franja de Gaza ya no es noticia. Sus habitantes mueren lentamente, el porcentaje de desnutrición infantil aumenta día a día, el 90 por ciento del agua está contaminada (informe de la Autoridad para los Recursos Hídricos de Gaza), el bloqueo no se ha levantado y el proceso de deshumanización de los palestinos parece no tener fin.
Es imprescindible que la comunidad internacional cumpla y presione para que las obligaciones legales sean cumplidas. Los crímenes de Israel deben ser castigados.
A tres años de la masacre no olvidamos y no perdonamos. |
